Ciudadanos propone que las personas que se encuentren en una situación de emergencia social puedan beneficiarse de la “expropiación forzosa” a la entidad financiera del uso de la vivienda durante un plazo máximo de tres años desde el lanzamiento y que el beneficiario satisfaga una parte del justiprecio. Entre la batería de medidas que propone Ciudadanos en materia de vivienda también se incluye una bonificación en el IBI para aquellas casas deshabitadas que sean puestas en alquiler o que se cedan temporalmente a fondos sociales de vivienda, así como sanciones a la banca si incurre en la práctica del préstamo irresponsable, tales como la pérdida de intereses.
La formación de Albert Rivera sostiene además que parte del valor de la vivienda habitual no se debería poder embargar en el caso de deudas personales. Por ello, Ciudadanos pide que tras la ejecución hipotecaria por el 100 % de la vivienda se entregue al deudor la cantidad inembargable con el objetivo de que ésta la emplee para satisfacer sus necesidades de alojamiento. Como parte de las 10 medidas que incluye su programa electoral para los próximo comicios, Ciudadanos reclama la elaboración de un plan de rescate a las familias o de reestructuración de la deuda hipotecaria que incluya medidas temporales y extraordinarias para reducir la carga financiera de las familias españolas.
El fin de este plan es que aquellas familias con dificultades para hacer frente a la deuda hipotecaria a consecuencia de su sobreendeudamiento puedan reducir su fragilidad financiera y conservar la titularidad de su vivienda. Las medidas que se han presentado hoy también pretenden reorientar al mercado del alquiler los programas de vivienda de protección oficial potenciando los fondos de viviendas sociales, formados por casas deshabitadas cedidas temporalmente por particulares y entidades financieras, y la Sareb, a fin de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en el caso de los más jóvenes.
Ciudadanos incide asimismo en la necesidad de una verdadera “Ley de Segunda Oportunidad” para los deudores de buena fe que evite que los acreedores puedan reclamar en un futuro el importe de la deuda impagada. Asimismo, se pretende reforzar la seguridad jurídica del mercado del alquiler mediante, por ejemplo, los sistemas de conciliación, mediación y arbitraje o reforzar las medidas de garantía en caso de desahucio. Con este fin se mantendrá la moratoria sobre los lanzamientos hipotecarios aumentando los supuestos para acogerse a la misma y garantizando que no se generarán intereses de demora durante el proceso. También se contempla la expropiación temporal del uso de las viviendas afectadas para una ejecución hipotecaria mientras no se disponga de una alternativa habitacional para las personas afectadas.