La Asociación de Afectados por Impagos a la Vivienda de la Comunidad Valenciana pidió hoy ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) que España derogue la supresión retroactiva de las ayudas a los préstamos para la compra de viviendas de protección oficial (VPO). El portavoz de la asociación, Ángel María de Sancha, explicó en una entrevista con Efe que en 2012 el Gobierno central suprimió con carácter retroactivo las ayudas sociales a la subsidiación de préstamos para las VPO, un derecho que reconocían los planes de vivienda bajo los que los afectados habían adquirido sus hogares.

En su opinión, “si se privan de las ayudas al acceso a la vivienda, se priva el acceso a la vivienda”, por lo que según su razonamiento, la normativa española de VPO viola el derecho a la vivienda reconocido en la legislación europea. La normativa aprobada en 2012 por el Gobierno choca también con “el principio de seguridad jurídica, de confianza jurídica y de buena fe”, según De Sancha.

Según los datos de este grupo, hay 300.000 familias de todo el país afectadas por esta supresión de ayudas sociales, que ha supuesto un sobrecoste para cada familia de entre 80 y 400 euros al mes, “que equivale a bajar un 20 % sus sueldos, que ya eran bajos. En concreto, la Asociación de Afectados por Impagos a la Vivienda de la Comunidad Valenciana pidió a la Eurocámara que recomiende a España “el cese de violaciones de derechos” mediante la derogación de las disposiciones en cuestión, explicó De Sancha, que recalcó que la organización representó hoy a “todos los afectados en España”.

Además, solicitaron a la comisión de Peticiones que recomiende al gobierno español “una revisión profunda de los procedimientos para establecer los tipos de interés aplicables a las viviendas protegidas” al considerar que los actuales “están muy por encima de los establecidos por el mercado libre”, según un comunicado. Pidieron a los diputados que se investiguen los impagos de ayudas a la vivienda realizados por el antiguo gobierno de la Comunidad Valenciana (PP), que tenía 250 millones de euros presupuestados para ayudas a la VPO que nunca llegaron a las familias afectadas (más de 60.000, según la asociación).