La Cooperativa Raimundo Fernández Villaverde asegura que el Ayuntamiento plantea requisitos contrarios a derecho

La Cooperativa de Raimundo Fernández Villaverde ha presentado alegaciones al Ayuntamiento en relación a las peticiones que el consistorio plantea como requisitos para desbloquear la tramitación de su proyecto de viviendas, que depende de la aprobación del Convenio Urbanístico por el Ayuntamiento para comenzar su desarrollo. La Cooperativa presenta estas alegaciones por considerar que las peticiones del consistorio son contrarias a la normativa vigente y vulneran derechos elementales de los futuros residentes.

Entre las principales alegaciones de la Cooperativa de Raimundo Fernández Villaverde figura la relativa a la pretensión municipal de alterar el carácter del espacio libre privado vinculado al uso de su proyecto de viviendas, lo que supondría el uso público de la totalidad o parte del patio de manzana del proyecto. Para la Cooperativa, el requerimiento del Ayuntamiento no tiene amparo legal alguno y atenta a los más elementales derechos de los cooperativistas, además de ser contrario a lo establecido en el Plan Parcial de Reforma Interior, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 27 de noviembre de 2015. “Se trata de un patio de manzana de carácter privado, con calificación urbanística de espacio libre de uso privado vinculado al uso residencial y nunca al dotacional”, señala la Cooperativa en sus alegaciones.

Junto a ello, el Ayuntamiento pretende recibir la compensación de las “redes locales”, que debería hacerse en dinero, según la normativa urbanística, mediante la entrega de locales comerciales por la Cooperativa a un precio muy inferior al del mercado. Dado que las peticiones actuales del Ayuntamiento no disponen de amparo legal, el consistorio pretende promover la tramitación de un Plan Especial que retrasaría aún más el inicio de las viviendas y que, en cualquier caso, podría incurrir en nulidad de pleno derecho al no ser un instrumento urbanístico legalmente habilitado para ello.

En cualquier caso, las actuales peticiones del consistorio no han sido las únicas. Los cambios de ideas del Ayuntamiento de Madrid supusieron ya hace unos meses la drástica reducción de un total de 460 plazas de garaje. Este requisito del consistorio, sin base legal alguna, y que se impuso a la cooperativa como condición para tramitar el Plan Parcial, supuso pasar de las 1.450 plazas proyectadas en inicio, y aprobadas por todos los organismos intervinientes en la tramitación, a las 990 actuales. La reducción del número de plazas de garaje incluidas en el proyecto de viviendas no sólo es contraria a los intereses generales de los vecinos de la zona, caracterizada por ser un barrio deficitario en aparcamientos, sino que ha supuesto un importante perjuicio económico para todos los cooperativistas, al tratarse de un significativo recurso económico para contribuir a la financiación de sus viviendas.

La Cooperativa está integrada por 300 familias de clase media con recursos económicos limitados, que han invertido en muchos casos todos sus ahorros en este proyecto residencial para poder vivir en él. Cada día que se retrasa el inicio de la construcción de estas viviendas supone un coste financiero elevado para la Cooperativa y sus miembros, además de los costes relacionados con su propia vivienda en los que cada cooperativista tiene que incurrir (en muchos casos, alquiler del domicilio respectivo de cada uno), y el coste de oportunidad de mantener importantes cantidades de dinero comprometidas en este proyecto.

Se trata de un proceso en el que el Ayuntamiento, y en particular el área de Urbanismo, han puesto trabas desde su inicio. En concreto, la aprobación del Plan Parcial de Reforma Interior se produjo en noviembre de 2015 tras un complicado proceso en el que la Cooperativa se vio obligada a atender diversas exigencias.

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