La entrada en vigor el día 2 de octubre de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público debería poner límites a la Administración a la hora de adjudicar contratos sin concurso público. Esto significa que un ministerio como Fomento debería justificar que cuando contrata sin concurso a la ingeniería pública Ineco (vía encomienda de gestión) es, en efecto, la mejor opción de acuerdo a criterios de rentabilidad económica.

Para la patronal de ingenierías Fidex, si no existe un control directo de la Administración este avance será “papel mojado”, por lo que debería ser un organismo como la Intervención General del Estado quien velará por el cumplimiento de la nueva ley.

Para que un ministerio adjudique a un medio propio como Ineco la propia legislación, deben darse circunstancias de urgencia o seguridad nacional. Sin embargo, más del 50 % de las inversiones de Fomento en ingeniería en 2015 se adjudicaron directamente a Ineco mediante encomiendas de gestión.
Para la patronal, la respuesta es que Fomento disfraza de urgentes trabajos que no lo son, permitiendo así que se pueda contratar a Ineco en vez de convocar el concurso público abierto y al que podrían optar las ingenierías privadas. En cambio, lo cierto es que en los cinco últimos años el 60 % de la inversión de media de Fomento en ingeniería ha ido a parar a manos de Ineco, y no al mercado privado.