El Gobierno pide al Consejo de Estado un dictamen urgente sobre la Ley Hipotecaria

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter «urgente», antes del día 14 de septiembre, en relación con el proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario. Esta ley tiene dos partes. La primera es la transposición de una directiva europea, a la que se unen una serie de medidas en las que se va más allá de las indicaciones comunitarias, según explicó el Ministerio de Economía.

En cuanto a la transposición de la directiva, ésta sólo se aplica a personas físicas particulares, aunque Economía propone que se extienda también a aquellas que realizan actividades empresariales, es decir, autónomos. La parte de la ley que se refiere a la trasposición de la directiva recoge tres aspectos: normas de conducta, normas de protección del deudor hipotecario y regulación de los intermediarios financieros.

En cuanto a las normas de conducta, Economía explica se busca que quienes intervengan en el mercado hipotecario tengan capacitación y profesionalización para poder prestar toda la información que requiere el prestatario y evaluar su solvencia. Además, se eliminarán determinados incentivos para el profesional del banco que estuvieran vinculados a captar hipotecas y se prohíben operaciones vinculadas, como tener que adquirir otros productos.

En este último punto se encuentra la excepción de que “se consideren que son beneficiosas para el prestatario” y tenga el visto bueno del Banco de España. Por otra parte, se abordan una serie de normas de protección del deudor hipotecario, con referencias a la posibilidad de amortización anticipada de la hipoteca (se va a permitir que se haga en cualquier momento durante la vida del contrato y limitar la retribución que pueda percibir el banco) y a facilitar convertir a euros prestamos en divisas extranjeras.

Desde el Ministerio han señalado que, en una segunda parte, esta ley recoge una serie de medidas para ir más allá de lo que va la directiva comunitaria, y que recoge aspectos precontractuales, vinculadas a la firma del contrato y a la ejecución del mismo. En las medidas precontractuales, el cliente tendrá que recibir por parte del banco la ficha de información normalizada y otra con advertencias estandarizaras «con las cláusulas que puedan ser potencialmente más peligrosas».

Además, se tendrá que informar al cliente de las estimaciones con diversos escenarios en casos de tipos variables e información desglosada sobre los gastos. En lo que se refiere a quién tiene que asumir algunos gastos relacionados con el contrato hipotecario, en el mismo se ha de decir con absoluta claridad quién tiene que asumir cada gasto.

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